Actualmente en el congreso de la república se encuentra en discusión el proyecto de ley 365 de 2020, un proyecto que, según los promotores de la ley, es esencial para garantizar la transición energética nacional. Esta semana entró a tercer debate en sesión conjunta del senado y la cámara, y tal como se pensaba esta iniciativa tiene mayorías para ser aprobado dado el carácter de urgencia que le fue otorgado por el gobierno nacional para promover la reactivación económica y garantizar la transición energética.

Sin embargo, existen algunos reparos y cuestionamientos a este proyecto. Algunas visiones en contra han cuestionado la legitimidad del proyecto y se preguntan si esta iniciativa podría ser catalogada como una oportunidad perdida para la transición energética y una ventaja no aprovechada para garantizar la democratización del mercado energético que dé la entrada a nuevos actores emergentes del sector.

En esta nueva entrada queremos profundizar en los alcances del proyecto de ley 365 de 2020, mencionado sus generalidades, sus falencias que impiden la transición energética, señalar la importancia de los proyectos de pequeña escala y las oportunidades que debería brindar un proyecto de ley para el futuro del desarrollo energético del país.

Generalidades del PL 365 de 2020

El Proyecto de Ley 365 de 2020 según sus autores, busca garantizar la transición energética, la reactivación económica y el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Es un proyecto de ley, que según las primeras percepciones que tenemos, tiene una gran favorabilidad y aceptación dentro del congreso y su discusión tiene un pronóstico de no tener una larga duración. Según los impulsores y ponentes de la ley, el proyecto tiene como propósitos esenciales los siguientes aspectos:

  • Garantizar flexibilidad financiera, para lo cual, proyecta al Fondo FENOGE como un catalizador del mercado para la consecución de proyectos de FNCER y Gestión Eficiente de la Energía (GEE), y buscar que sea multiplicador de recursos con el fin de canalizar e invertir en proyectos.
  • Agrega un parágrafo al artículo 255 del Estatuto Tributario sobre la obtención del descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente
  • Contribuir a la reactivación económica con aspectos como: la abreviación de la declaratoria de utilidad pública e interés social en proyectos de infraestructura eléctrica y simplificación de los trámites ambientales en los proyectos de conexión para la transición energética.
  • Impulsar la movilidad eléctrica, a través de incentivos económicos.
  • Masificar de energías renovables en donde poco a poco aumente su participación en la composición de la matriz energética.
  • Promover los sistemas de almacenamiento y el uso eficiente de la energía.

En el papel, es un proyecto bastante ambicioso porque tiene una visión de no solo abarcar aspectos energéticos, también busca que en un contexto de pandemia sea un proyecto que ayude a impulsar la reactivación económica del país que actualmente tiene cifras altas de desempleo y de bajo desarrollo económico. Igualmente, desde el órgano ejecutivo se le dio una declaratoria de urgencia para acelerar su trámite, por lo cual antes de que se termine el primer semestre del presente año el proyecto tiene altas probabilidades de que sea aprobado en el Congreso de la República.

Falencias para promover la transición energética.

A pesar de las enormes expectativas que debería tener un proyecto de ley alrededor de las energías renovables, el proyecto de ley carece de aspectos que son esenciales y determinantes para el futuro energético del país.

En primera medida, no es claro cómo va a garantizar la reactivación económica, tal como lo hemos mencionado en anteriores entradas del blog, fomenta una generación renovable centralizada en detrimento de la generación renovable distribuida que garantiza una mayor creación de empleos en todo el territorio nacional permitiendo nuevos modelos de negocio y mayor rentabilidad en toda la cadena de valor.

En segunda medida, no hay alusiones a como se va a cumplir en este proyecto con lo firmado en el COP 25 y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En tercera medida, tiene un déficit en el sentido de que le da mayor valor a los proyectos de generación a gran escala.

Y, finalmente, el proyecto carece de un componente social porque no profundiza en un aspecto esencial: que visión tienen las poblaciones que habitan los territorios y los espacios en los cuales se quieren implementar los grandes parques eólicos y solares.

Importancia de los proyectos de pequeña escala.

Alrededor de los proyectos de pequeña escala y el componente social queremos profundizar porque consideramos que son factores de gran relevancia para el desarrollo de una ley energética. En especial, queremos evidenciar como los proyectos de generación de pequeña y mediana escala deberían ser el eje transversal de la ley que se impulsa en el congreso.

La iniciativa tiene un sesgo, en el sentido de que se les da mayor preponderancia a los proyectos de generación a gran escala, dejando en cierta medida relegada la implementación e inclusión de la generación distribuida (GD) y la Descentralización de la Red (DR). Si hay un mayor énfasis en la GD y en la DR, esto permitiría aliviar restricciones de energía en el sistema y generar precios con mayor competitividad.

Estos proyectos de menor tamaño y descentralizados también requieren de niveles de inversión significativos y ahí es donde se hace importante la participación de actores, estructuras y/o mecanismos dedicados a la promoción y financiación de dichos proyectos. Pero los beneficios a largo plazo son mayores porque promueven la libre competencia en el mercado y mayor participación de todos los agentes de la cadena de suministro. Igualmente, permitiría que no haya un oligopolio del mercado que es lo que se pretende hacer con la generación de renovables centralizada, y es lo que impulsa principalmente esta ley, que ciertos agentes sigan prevaleciendo y obteniendo mayores réditos económicos.

Igualmente, desde el Estado podría haber una mayor inversión en I+D que permita un aceleramiento e innovaciones alrededor de este tipo de tecnologías que permitan la mejora de la confiabilidad del sistema; eficiencia en precios que impacte directamente en los costos; producción ininterrumpida de energía con la garantía de que hay suficiencia de recursos en el corto, mediano y largo plazo; transparencia en la información que se puede dar por la digitalización de los datos y la medición inteligente que permite una operación óptima de los sistemas.

Oportunidades para garantizar la transición energética.

Para la promoción de estos proyectos de pequeña escala y de GD es necesario que haya una sincronía entre la institucionalidad, los tomadores de decisiones y actores que están interesados en este tipo de tecnología. Sin embargo, en la actualidad desde los tomadores de decisiones y los impulsores de política pública no hay una visión ni comprensión de estos temas. Según Eduard Aristizábal, presidente de Federación Nacional de Energías Renovables, quien se ha reunido con los promotores de la ley y las UTLs de la comisión V del Senado y la Cámara de Representantes, en estos encuentros se ha podido constatar que los proponentes de este proyecto de ley tienen una visión errónea de lo que se requiere en el largo plazo para la transición energética porque recurren a prácticas anacrónicas que no se adaptan a las necesidades del mercado energético actual.

No obstante, a pesar de las limitaciones existentes, la promoción de la GD ha sido una lucha que han dado actores emergentes en el mercado energético que día a día están trabajando para visibilizar la importancia que tienen estas cuestiones para el país. El impulso y la puesta en marcha de pilotos de Mercados Locales de Energía debería ser parte importante de un proyecto de ley y la clave para la búsqueda de la reactivación económica alrededor del mercado energético.

Finalmente, el proyecto de ley podría tener una visión más enfocada en el componente social. Este proyecto, como muchos otros, tiene una visión de desarrollo vertical, en donde se legista o regula y solo al final, se pregunta a las comunidades por las implicaciones que genera la implementación de determinados procesos. En el borrador del proyecto no se tiene en cuenta cómo se van a ver afectadas, por ejemplo, las comunidades indígenas de la Guajira, que es el departamento de Colombia en donde más se están impulsando los proyectos de parques eólicos y solares. No hay una dimensión de cómo estos proyectos pueden cambiar la realidad ya sea para bien o para mal, simplemente estas personas se convierten en testigos de decisiones tomadas con una visión centralista que desconoce las costumbres, prácticas y cultura de estos lugares. Por lo cual, es indispensable que cualquier proyecto de carácter energético sea consultado con las personas que habitan estos lugares para entender las implicaciones que genera implementarlos.

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